«Nos quitaron todo»: El grito de auxilio de las familias borradas por la tragedia del Hércules

La ciudad de El Alto aún no despierta de la pesadilla que comenzó la tarde del viernes 27 de febrero. Lo que debía ser un aterrizaje de rutina para el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se transformó en una carnicería de metal y fuego sobre la avenida Costanera. Hoy, mientras la cifra oficial de muertos sube a 24, el dolor ha dejado de ser una estadística para convertirse en el rostro de padres que buscan desesperadamente respuestas y justicia. Entre los escombros no solo quedaron restos de fuselaje y billetes sin valor; quedaron sueños truncados, como los de Yhassir Valdez Vilaseca, un joven de 29 años que caminaba hacia su instituto técnico para terminar su segunda carrera y que hoy es recordado por su madre como una víctima que el sistema olvidó identificar a tiempo.

El drama de la familia Valdez es solo la punta del iceberg de una tragedia que ha ensañado su crueldad con los más humildes. Don Marcial, otro de los afectados, relata con la voz quebrada cómo el accidente le arrebató a su esposa, a sus tres hijos, a su suegra y a su nuera en un solo segundo. Siete miembros de una misma familia desaparecidos de la faz de la tierra. Mientras las autoridades nacionales decretan luto y prometen ayuda, la realidad en los velorios es distinta: las familias denuncian que han tenido que prestarse dinero para cubrir los gastos del sepelio y que, hasta el momento, el apoyo gubernamental es una promesa que no llega a los cementerios de Tacacoma o El Alto.

A este escenario de muerte se suma la indignación por el caos posterior al siniestro. Mientras algunos vecinos arriesgaban sus vidas para rescatar a la tripulación y proteger la caja negra, otros aprovecharon la confusión para saquear las pertenencias de los fallecidos. Yhassir fue encontrado sin zapatos, sin mochila y sin documentos, lo que retrasó su identificación por horas mientras sus padres recorrían hospitales en una búsqueda agónica. Con 41 heridos aún luchando por su vida —incluyendo a un niño que sufrió la amputación de ambas piernas— y familias enteras en la orfandad, el clamor es uno solo: que la investigación no se quede en el papel y que el Estado asuma la responsabilidad de quienes, por un azar trágico, terminaron pagando con sus vidas una falla que aún nadie explica.