¡ORURO BAJO NUEVAS REGLAS! EL PACTO QUE BUSCA ACABAR CON LA CRISIS DEL COMBUSTIBLE
Tras intensas jornadas de presión y negociaciones, el Gobierno y los sectores sociales de Oruro han sellado un acuerdo estratégico de seis puntos que promete reconfigurar la distribución de hidrocarburos en el departamento para frenar el desabastecimiento. Este pacto no es solo un compromiso administrativo, sino una respuesta de emergencia ante la creciente desesperación de los transportistas y la ciudadanía, estableciendo un sistema de fiscalización mucho más riguroso que busca eliminar las filtraciones de combustible hacia el mercado negro y priorizar el consumo interno. La medida central radica en un incremento significativo en los volúmenes de despacho de gasolina especial, lo que debería reducir las filas kilométricas en las estaciones de servicio, devolviendo la fluidez al transporte público y privado en una de las regiones comerciales más importantes del país.
El desglose de los acuerdos revela una estrategia multifocal donde la transparencia es el eje principal, incluyendo la creación de puntos de reclamo específicos para el resarcimiento de daños, una medida inédita que busca proteger al usuario final ante posibles negligencias en el suministro. Además de la inyección de mayor volumen de carburantes, se ha pactado la implementación de brigadas de control social y estatal que operarán en las estaciones de servicio para verificar que el combustible llegue efectivamente a los tanques de los vehículos y no se desvíe en bidones o actividades ilícitas. Este paquete de soluciones también contempla una mejora en la logística de transporte de cisternas desde las plantas de almacenaje, optimizando los tiempos de descarga para asegurar que las bombas nunca queden vacías, especialmente en las horas de mayor demanda.
Este acuerdo en Oruro se perfila como un modelo piloto que el Ejecutivo podría replicar en otros departamentos si los resultados son positivos, marcando un punto de inflexión en la gestión de la crisis de carburantes. Al incluir mecanismos de resarcimiento y un control social directo, el Gobierno intenta recuperar la confianza de una base social agotada por las esperas, mientras que los sectores locales han aceptado dar un cuarto intermedio a sus medidas de presión bajo la promesa de que el flujo de gasolina y diésel se normalizará de forma inmediata. La efectividad de este pacto ahora depende de la capacidad operativa de YPFB y la ANH para cumplir con los despachos prometidos, en una carrera contra el tiempo para estabilizar la economía regional y evitar nuevos estallidos sociales.
