¡NI UNA SOLA FALTA! DIANA ROMERO ROMPE EL SILENCIO Y DESAFÍA A SUS DETRACTORES

La diputada Diana Romero ha salido al frente de las acusaciones de absentismo con una defensa tajante que busca desbaratar las críticas sobre su desempeño en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En una declaración cargada de seguridad, la parlamentaria aseguró que su registro de asistencia es impecable y que no existe «absolutamente ninguna falta» en su historial legislativo, calificando los señalamientos en su contra como ataques sin fundamento técnico ni administrativo. Romero no solo se limitó a negar las versiones que circulaban en medios y redes sociales, sino que retó a quienes la cuestionan a revisar los libros oficiales de la Cámara, insistiendo en que su presencia en las sesiones, comisiones y el trabajo de brigada se ha cumplido estrictamente bajo lo que dictan los reglamentos internos de la institución.

El desglose de su defensa revela un malestar profundo ante lo que ella considera una campaña de desprestigio que ignora las dinámicas del trabajo parlamentario, el cual muchas veces se traslada de las oficinas de La Paz a las regiones. Romero explicó que, en el ejercicio de sus funciones, la asistencia no se mide únicamente por la presencia física en el hemiciclo durante las sesiones plenarias, sino también por la participación en comisiones y las gestiones territoriales que son debidamente notificadas y avaladas por la directiva. Según la legisladora, las críticas vertidas carecen de rigor, ya que no toman en cuenta las licencias oficiales ni las misiones asignadas que están documentadas, asegurando que cada día de su gestión está respaldado por el sistema de control de la Asamblea, lo que la deja en una posición de total tranquilidad jurídica y política.

Este contraataque de Romero marca un punto de inflexión en la tensa relación entre oficialismo y oposición dentro de la ALP, donde el control de asistencia se ha convertido en un arma de presión política recurrente. Al reafirmar su transparencia, la diputada busca cerrar un capítulo de especulaciones que pretendía poner en duda su compromiso con el electorado que la llevó al cargo. Con esta postura, la parlamentaria intenta no solo limpiar su imagen pública, sino también sentar un precedente sobre la importancia de basar las fiscalizaciones en datos reales y no en percepciones mediáticas, asegurando que su labor continúa sin interrupciones y con la frente en alto frente a cualquier intento de censura administrativa.