¡GUERRA POR YPFB! EL GOBIERNO CULPA A EVO DEL COLAPSO Y CIERRA LA PUERTA A PRIVATIZACIONES

 ¡GUERRA POR YPFB! EL GOBIERNO CULPA A EVO DEL COLAPSO Y CIERRA LA PUERTA A PRIVATIZACIONES

La tensión política en Bolivia ha alcanzado un nuevo punto de ebullición tras las duras declaraciones del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, quien lanzó una ofensiva verbal directa contra el expresidente Evo Morales, acusándolo de carecer de «autoridad moral» para cuestionar la gestión actual de los hidrocarburos. En un desglose contundente de la situación energética, las autoridades del sector responsabilizan directamente a la política hidrocarburífera de la gestión de Morales por la declinación de los pozos y la falta de inversiones estructurales que hoy pasan factura al país. Ante los rumores y críticas de la oposición y del ala evista sobre una posible entrega de la estatal a manos privadas, el Gobierno fue tajante al descartar cualquier plan de privatización, asegurando que YPFB seguirá siendo el pilar de la economía nacional, aunque deba enfrentar el pesado legado de una administración que, según denuncian, priorizó el gasto inmediato sobre la exploración a largo plazo.

El conflicto no solo se queda en el intercambio de acusaciones, sino que profundiza en la crisis de abastecimiento y la gestión de recursos que mantiene en vilo a diversos sectores sociales. Desde el Ejecutivo se sostiene que Morales busca desestabilizar la gestión actual utilizando la situación de YPFB como un arma política, olvidando que durante sus años de gobierno no se consolidaron proyectos exploratorios de magnitud que garantizaran la soberanía energética actual. Este escenario de «guerra interna» dentro del oficialismo deja claro que la estatal petrolera es el centro de la disputa por el relato económico del país; mientras un bando denuncia una quiebra técnica inducida, el otro defiende un plan de reactivación que intenta revertir años de estancamiento productivo. La postura gubernamental busca calmar a los movimientos sociales y sindicatos, reafirmando que el modelo de nacionalización no se toca, pero admitiendo que la herencia recibida ha dejado a la empresa en una posición extremadamente vulnerable.

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