Ministro de Economía rechaza legalizar los billetes serie B sustraídos en El Alto
La tragedia aérea ocurrida en El Alto no solo dejó un profundo dolor por las vidas perdidas, sino que desató un fenómeno de codicia que hoy tiene en vilo a la economía de las familias bolivianas. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ha sido tajante al confirmar que el Gobierno no tiene la más mínima intención de dar validez a los billetes que fueron sustraídos de los restos del avión accidentado el pasado 27 de febrero. Lo que para algunos fue un «hallazgo» en medio del caos, para la ley es un hurto ilícito, y el Estado ha decidido que legalizar ese dinero sería premiar el robo y pisotear la seguridad jurídica del país.
El desarrollo de esta polémica nace de una triste realidad: mientras los equipos de rescate intentaban salvar vidas, hubo personas que aprovecharon la confusión para saquear el papel moneda que transportaba la aeronave. Ahora, esos billetes intentan filtrarse en el comercio diario, pero el mensaje del Ministerio de Economía es un muro infranqueable: esos billetes no son de curso legal y no sirven para comprar absolutamente nada. Espinoza lamentó que no se respetara el luto de una tragedia humana y advirtió que, aunque la Asamblea Legislativa tiene el poder de decidir lo contrario, la postura del Ejecutivo es firme: «No se puede legalizar lo robado». Validar ese dinero sería tan injusto como permitir que un ladrón venda legalmente un celular o un vehículo que acaba de quitarle a su dueño.
A pesar de la lógica preocupación que esto genera en la ciudadanía, la autoridad envió un mensaje de calma para evitar la paranoia colectiva. Se estima que la cantidad de billetes robados es mínima en comparación con todo el dinero que circula en el país. Esto significa que las probabilidades de que un ciudadano en Pando, Tarija o Santa Cruz se tope con uno de estos billetes «marcados» son extremadamente bajas. La recomendación oficial es seguir realizando transacciones con normalidad, ya que el sistema financiero está totalmente preparado para identificar estas piezas. Los bancos cuentan con tecnología y mecanismos de control que, al detectar uno de estos billetes, proceden a su perforación y destrucción inmediata, sacándolos de circulación para siempre.
El desenlace de esta crisis apunta a una «limpieza» gradual del mercado. El plan del Gobierno no es lanzar una cacería de brujas contra el ciudadano que, por error, reciba un billete sospechoso, sino asfixiar el valor de lo robado hasta que desaparezca. Al no ser reconocidos como legales, los billetes sustraídos pierden su poder de compra y se convierten en simples papeles sin valor. Con esta medida, el Gobierno espera que el riesgo para la economía nacional sea mínimo y que prevalezca un principio básico de convivencia: el respeto a la propiedad y a las normas. La lección es clara: el dinero obtenido de una tragedia no tiene futuro en los bolsillos de los bolivianos, y el sistema se encargará de borrar su rastro poco a poco.
