Informe del GIEI concluye que se violaron DDHH en los gobiernos de Evo y Añez

Informe del GIEI concluye que se violaron DDHH en los gobiernos de Evo y Añez

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El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de fines de 2019 en Bolivia concluyó que hubo “graves violaciones a los derechos humanos” entre octubre y diciembre de ese año, periodo que estuvo compartido entre los gobiernos de los expresidentes Evo Morales y Jeanine Añez.

El documento fue conocido este martes y presentado por el gobierno de Luis Arce Catacora como un respaldo a la tesis de golpe de Estado que maneja su Gobierno y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS). No obstante, el informe señala responsabilidades entre la presunta víctima del golpe y la expresidenta, ahora procesada por terrorismo, conspiración y sedición.

En su primer inciso de conclusiones, el GIEI establece que se cometieron “graves violaciones de los derechos humanos” en octubre, noviembre y diciembre de 2019 y señala que lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares.

“En el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia (…). Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, se lee en el documento.

También concluye que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas “usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado”, que dejaron desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas y que “particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados”.

Luego de la denuncia de fraude en las elecciones de ese año, en las que Evo Morales apareció como ganador luego de postular por tercera vez consecutiva a la Presidencia (una práctica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró hace poco lesiva contra la democracia) estalló una pulseta en las calles alentada por líderes cívicos y de la oposición y el gobierno de Morales, quien apeló a la defensa de sus bases.

Durante esas jornadas, hubo enfrentamientos entre civiles, mientras la Policía y las FFAA demoraron en salir a las calles.

El informe del GIEI establece, además, que “hay personas afectadas en ambos lados del espectro político” y plantea que, por ello, todas deben ser reconocidas como víctimas.

“Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas el reconocimiento de su calidad de víctimas”, señala.

Precisa además que los enfrentamientos no fueron repentinos, sino que estuvieron precedidos “por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento”.

“La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados”, recomienda.

El GIEI también observó que hay “serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones”.

El documento de conclusiones y recomendaciones está contenido en un texto de 471 páginas, que el Gobierno presentó este martes como prueba que respalda su tesis de que en 2019 hubo un golpe de estado en el país.

En el acto de presentación del informe, el presidente Luis Arce volvió a referirse al supuesto golpe de Estado de 2019 y afirmó que los acontecimientos de ese año confirman la denuncia de su Gobierno.

“(El informe) indica de manera textual que una reunión del 12 de noviembre de 2019, en el Senado, sin el quorum previsto en el reglamento, Jeanine Añez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores. Y luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Añez se declaró presidenta interina del Estado, ingresó a Palacio Quemado y un militar le colocó la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. Si esto no es un golpe de Estado, qué más pruebas podemos pedir”, dijo.

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