Dictan cárcel para Añez hasta 2022 y suman siete procesos en su contra

Dictan cárcel para Añez hasta 2022 y suman siete procesos en su contra

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El juez segundo anticorrupción Andrés Zabaleta dictó ayer otros seis meses de detención preventiva contra la expresidenta Jeanine Añez, quien por esta medida estará tras las rejas al menos hasta el 3 de febrero de 2022. Además, ya suman siete procesos en su contra.

“El único propósito de dividir este proceso, que además trata sobre los mismos hechos del primer caso, es simplemente tenerme sometida, con detención preventiva, de forma indefinida. Esto quedará en los anales de la historia judicial como el peor de los antecedentes”, aseguró la expresidenta Añez.

La declaración surgió ayer cuando hizo uso de la palabra en la audiencia cautelar por el caso del supuesto “golpe de Estado II”, en la que el juez determinó otros seis meses de encarcelamiento para la exmandataria, imputada por resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes.

El hecho supuestamente se cometió el 12 de noviembre de 2019, cuando la entonces senadora Añez asumió la Presidencia del Estado, ante la renuncia de Evo Morales y todos los legisladores del MAS que estaban en la línea de sucesión constitucional.

Con este caso, la expresidenta suma su séptimo proceso en contra, tres en la vía penal y cuatro juicios de responsabilidades que aún esperan ser aprobados en la Asamblea Legislativa. Luis Guillén y Norka Cuéllar, abogados de la expresidenta, afirmaron que el juez Segundo Anticorrupción, Franz Zabaleta, cometió un acto inconstitucional al instalar la audiencia, debido a que está pendiente tratar un recurso de apelación contra este proceso.

Guillén explicó que, en una primera etapa, la expresidenta fue imputada y enviada a la cárcel en marzo por seis meses por terrorismo, sedición y conspiración, a denuncia de Lidia Patty,  exdiputada del MAS. Luego, la Fiscalía amplió la investigación y también la imputó por resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes a pedido del Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y la presidencia del Senado.

En esa línea, el 23 de julio el juez Décimo de Instrucción en lo Penal, Armando Zeballos, sin convocar a audiencia y a pedido de la Procuraduría, determinó “fraccionar” el caso de supuesto “golpe de Estado I” y pasar al juzgado Anticorrupción Segundo, a cargo del juez  Zabaleta, los obrados respecto del proceso sobre los dos últimos delitos.

Remarcó que antes de la audiencia de ayer, se presentaron  memoriales para pedir la anulación de la división del caso.

“La defensa, en un plazo oportuno, interpuso un recurso de apelación porque ninguna persona puede ser procesada dos veces por un mismo hecho y evidentemente la indivisibilidad de un juzgamiento está prohibida por la Constitución (…) Lo que ocurre es absolutamente irregular”, aseveró Guillén.

A su turno, la abogada Cuéllar señaló que  la actual imputación  contiene la misma relación de hechos que figura en el primer  caso del supuesto “golpe”. Dijo que  la expresidenta  criticó el accionar del fiscal general, Juan Lanchipa, quien -recordó- se presentaba en el Palacio de Gobierno para coordinar con los entonces ministros “la pacificación del país”, y ahora “se ha vuelto el perseguidor más implacable de la exmandataria”.

Dentro del caso “golpe II” también fueron   procesados  Jorge Terceros,  excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Williams Kaliman,  excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA);  y otros militares, porque supuestamente ayudaron a Añez a arribar a La Paz para la sucesión en 2019.

Cuéllar aclaró que el único contacto que tuvo Añez con Terceros fue la noche del 12 de noviembre de 2019, cuando el Alto Mando Militar, encabezado por  Kaliman, se presentó en el Palacio para presentar su renuncia. Dijo que   la exmandataria  no recordaba  al general  y sólo supo de él cuando fue detenido.

Respecto a la sucesión de Añez, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en respuesta a un requerimiento de la comisión de fiscales, que investiga la denuncia por sedición, conspiración y terrorismo contra Luis Fernando Camacho y otros, confirmó que nunca emitió un fallo sobre la sucesión constitucional y que sólo publicó un comunicado.

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